Por Licda. Yannsi Paniagua – Departamento Laboral, GLC Legal
El pasado 27 de octubre de 2025, el Consejo Nacional de Salarios (CNS) aprobó, por mayoría, un aumento general de 1,63 % sobre todos los salarios mínimos del sector privado costarricense, el cual entrará en vigencia el 1° de enero de 2026.
Este ajuste, de aplicación obligatoria, impacta tanto a personas trabajadoras por jornada completa como a quienes laboran a destajo, reafirmando el compromiso del país con la actualización periódica del salario mínimo conforme a su modelo de diálogo tripartito.
1. Los nuevos ajustes aprobados
Además del aumento general del 1,63 %, el CNS acordó incrementos diferenciados para algunas categorías específicas, como se detalla a continuación:
- Trabajo doméstico: + 3,96 %
- Ocupación especializada genérica: + 2,18 %
- Técnico medio en educación diversificada: + 2,50 %
De esta forma, en jornada completa mensual estos ajustes representan para las personas trabajadoras de ocupación no calificada un monto de ¢5.983,87, para un trabajador calificado ¢6.732,29 o para un bachiller universitario ¢10.650,86. Además, en el caso de los ajustes diferenciados, para todos los casos, se superan los ¢10.000 de aumento.
2. Fundamentación del ajuste
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Andrés Romero, destacó que la fórmula utilizada “ha mostrado resultados satisfactorios para mantener el poder adquisitivo del salario y reconoce a las personas trabajadoras el crecimiento de la producción en el país”.
La metodología aplicada por el CNS —acordada por los tres sectores representados (Gobierno, empleadores y trabajadores)— combina dos componentes principales:
- Costo de vida (inflación): según datos del Banco Central, este indicador ha disminuido en el último periodo.
- Crecimiento del PIB per cápita: al existir menor presión inflacionaria, la fórmula pondera el componente de productividad nacional.
El resultado de este cálculo técnico llevó a definir el 1,63 % como porcentaje equilibrado entre protección del poder adquisitivo y sostenibilidad para las empresas.
3. Implicaciones prácticas para empleadores
Aunque el ajuste puede parecer moderado, su impacto en cumplimiento y planificación es significativo. Las empresas deben atender los siguientes puntos:
a) Actualización obligatoria de salarios
A partir del 1 de enero de 2026, ningún trabajador podrá devengar un monto inferior al nuevo salario mínimo según su categoría ocupacional. Esto aplica tanto a jornadas completas como parciales, y a contratos a destajo.
b) Ajuste en planillas, contratos y políticas internas
Los departamentos de Recursos Humanos y Contabilidad deberán reflejar los nuevos valores en planillas, comprobantes de pago, políticas de compensación y contratos laborales. Esto garantiza trazabilidad ante eventuales inspecciones del MTSS.
c) Planificación presupuestaria y proyección de costos
El incremento debe integrarse a los presupuestos operativos de 2026. Aun cuando el porcentaje es bajo, multiplicado por toda la planilla genera un impacto acumulativo, especialmente en empresas con alta rotación o con pagos indexados a los mínimos.
d) Comunicación interna estratégica
Explicar el cambio a los colaboradores de forma clara y transparente contribuye a fortalecer la confianza, la percepción de justicia salarial y la cultura de cumplimiento.
4. Perspectiva y reflexión
El ajuste de 1,63 % es el más bajo aprobado en los últimos años, reflejo de una economía con inflación controlada y crecimiento moderado. Si bien protege el poder adquisitivo sin generar presiones inflacionarias adicionales, también abre la conversación sobre la productividad y el valor agregado del talento humano.
Para los empleadores, este contexto representa una oportunidad para:
- Revisar sus estructuras salariales completas, más allá del mínimo.
- Analizar brechas de equidad interna y competitividad externa.
- Reforzar beneficios complementarios, como flexibilidad, bienestar o capacitación.
Cumplir con la norma es el punto de partida; gestionar estratégicamente la compensación es lo que diferencia a las empresas que atraen y retienen talento.
Más allá del porcentaje, este ajuste reafirma la estabilidad del modelo costarricense de diálogo social, donde las decisiones salariales buscan equilibrio entre justicia social y sostenibilidad empresarial.
Para las empresas, el cumplimiento oportuno no solo evita sanciones, sino que proyecta una imagen responsable, ética y competitiva ante trabajadores, clientes y autoridades.
En GLC Legal acompañamos a las organizaciones a implementar los ajustes salariales conforme al nuevo decreto, actualizar sus contratos y políticas internas, y armonizar sus estructuras de compensación en toda la región.
Nuestro enfoque combina cumplimiento normativo con visión estratégica de negocio.
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